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Cuestión de equilibrio

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En esta nota, el reconocido autor se refiere a las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y al ejercicio abusivo de sus atribuciones.

Por el Dr. Guillermo Cabanellas (*)

El ejercicio de los derechos de autor plantea graves dificultades prácticas. Los autores, que son los titulares originales de esos derechos, carecen generalmente de los recursos para controlar que sus derechos no sean violados, especialmente mediante la reproducción no autorizada de sus obras. Por otra parte, hacer efectivo ese control y negociar con los múltiples posibles usuarios de las obras protegidas puede suponer un costo desproporcionado frente al valor de tales obras.
Este problema también se manifiesta en los llamados derechos conexos, o sea los vinculados a las creaciones intelectuales que, sin configurar estrictamente ese tipo de obras, se vinculan a las mismas, como es el caso de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones y ejecuciones. También en estos casos existen dificultades prácticas notables para el ejercicio efectivo de los derechos.
Tanto en la Argentina como en el resto del mundo, se han formado
y desarrollado organizaciones dirigidas a superar estas dificultades, llamadas entes, entidades o sociedades de gestión colectiva. Estas organizaciones nuclean a los titulares de derechos de autor y derechos conexos, quienes pasan a ejercer sus derechos a través de esas organizaciones. Estas celebran contratos de utilización de las obras; fijan, perciben y distribuyen las remuneraciones derivadas de tal utilización; y actúan contra infractores, entre otras atribuciones vinculadas a la gestión de los mencionados derechos.
El origen de estas organizaciones es muy diverso. En general, han
resultado del esfuerzo asociativo de los propios autores o titulares de derechos de propiedad intelectual, quienes han utilizado los mecanismos asociativos comunes –formación de sociedades, asociaciones o cooperativas– para organizar la gestión colectiva de sus derechos. Este tipo de organización espontánea, voluntaria, no obligatoria y potencialmente plural –pues nada impide a distintos grupos de autores organizar sus propios mecanismos de defensa colectiva de derechos– predomina en muchos países del mundo.
En la Argentina, las organizaciones de gestión colectiva fueron
también inicialmente de tipo voluntario. Se formaron por los propios autores, utilizando figuras de Derecho Privado, particularmente la de asociaciones civiles sin fines de lucro. Sin embargo, diversas leyes y otras normas alteraron esta metodología. En virtud de esta normativa, diversas entidades pasaron a ser, por mandato legal, representantes de los autores, en forma única y exclusiva. Esto las dotó del derecho a la percepción de las contraprestaciones resultantes de la utilización de las obras protegidas. Estas normas, de contenido variable, prevén aspectos tales como la organización de las entidades de gestión colectiva, los mecanismos de fiscalización aplicables, y diversos grados de control estatal sobre su gestión. Entre las normativas, cabe subrayar la Ley 17.648, relativa a SADAIC (obras musicales); la Ley 20.115, relativa a ARGENTORES; y el Decreto 124/2009, relativo a DAC (directores cinematográficos).
Existen otras entidades de gestión colectiva que se han organizado y funcionan en base a las reglas generales de Derecho Privado, sin tener atribuciones ordenadas por la ley; es el caso de CADRA (derechos reprográficos) y de SAVA (artes visuales). La organización de entidades de gestión colectiva, particularmente en la forma monolítica que caracteriza a la legislación argentina, implica –en los hechos– no solo modificar la manera en que se gestionan e implementan los derechos de propiedad intelectual, sino también alterar el contenido económico de esos derechos. Los potenciales usuarios se enfrentan no ya a una diversidad de autores con derechos exclusivos sobre sus respectivas obras, sino con organizaciones que concentran la totalidad de los derechos de autor relativos a ciertas materias.
El monopolio legal sobre obras concretas, a favor de su creador,
se convierte en un monopolio legal sobre la totalidad de las obras
de ciertos tipos. Los potenciales usuarios no pueden ya negociar
con los titulares de derechos de autor, con la posibilidad de utilizar otras obras en caso de no acordar las condiciones de utilización, sino que se enfrentan con un dictado imperativo de condiciones de utilización de conjuntos abarcativos de todo un tipo de obras. De esta forma, lo que en teoría debería ser una contraprestación, acordada contractualmente, en un marco competitivo en el que se cuente con la posibilidad de negociar con distintos autores, se convierte en la práctica en un pago, prácticamente obligatorio, para quienes llevan a cabo ciertas actividades –que requieren la utilización de obras de ciertos tipo–, con todas las características económicas de un impuesto.

Foto: Luisa Zuberbuhler

Foto: Luisa Zuberbuhler

Esta deformación legal y económica que así se superpone al régimen
de propiedad intelectual ha dado lugar, en los principales regímenes de derechos de autor del mundo, a mecanismos destinados a limitar los abusos y desvíos ilícitos a los que se presta.
En los Estados Unidos, ya en el año 1934, el Departamento de
Justicia emprendió acciones legales, por violación de la legislación antimonopólica y de defensa de la competencia, contra ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers). Esta entidad llegó a un compromiso judicial, en el que se establecieron límites a la exclusividad de su gestión y controles permanentes sobre su política de aranceles. Con posterioridad, numerosos casos han delimitado las atribuciones de los organismos de gestión colectiva, frente el Derecho estadounidense de la competencia.
En la Unión Europea, uno de los casos más celebres del Derecho de la competencia comunitaria, el llamado caso GEMA, estableció que una entidad alemana de gestión colectiva de derechos de autor ejercía una posición dominante. Se decidió que se había ejercido abusivamente tal posición, y se impusieron diversas restricciones sobre la conducta y prácticas de esa entidad.
En nuestro país, diversos factores han agravado los efectos abusivos a que se prestan las organizaciones de gestión colectiva de derechos de autor. En algunos casos, la fiscalización estatal de su actuación es ineficaz o inexistente, lo que las convierte prácticamente en organismos recaudadores, cuyos dictados unilaterales los sujetos obligados se ven forzados a acatar, pasivamente.
Por otra parte, la superposición de cargas y aranceles, impuestos
separadamente por estas organizaciones sobre las mismas actividades, lleva a que gran parte de la rentabilidad derivada de estas se canalice a las organizaciones de gestión colectiva, sin que se apliquen mecanismos adecuados para adaptar esta pluralidad de pretensiones a las posibilidades económicas de los obligados. Asimismo, se crea una severa asimetría en la utilización de obras intelectuales, y su pago, pues su precio es fijado unilateralmente por una de las partes, a través de organizaciones a las que son totalmente ajenos los obligados, cuyos derechos carecen de mecanismos de amparo respecto de la fijación y recaudación de aranceles.
Por último, y a diferencia de lo que sucede en los países con regímenes de propiedad intelectual más desarrollados, el Derecho de Defensa de la Competencia tiene, en la Argentina, una aplicación débil, y no ha permitido hasta el presente remediar los abusos originados en el poder de mercado, creado por los entes de gestión colectiva.
Utilizando las experiencias habidas en el Derecho Comparado, es de
aguardar que la toma de conciencia, respecto de las posibilidades
abusivas a que se presta la organización monolítica de los organismos de gestión colectiva, conduzca a una interpretación judicial de sus atribuciones acorde con los derechos de los usuarios que se ven negados por la práctica de esa gestión, y a una aplicación activa del régimen de defensa de la competencia, en resguardo de esos derechos.

 

(*) El Doctor Guillermo Cabanellas es abogado y licenciado en Economía. Posee una extensa experiencia en asesoramiento empresarial en temas de Derecho Societarios, Tributación, Mercado de Capitales, Propiedad Intelectual, entre otros. Es profesor universitario y autor de más de 30 libros.

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